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 Leyes, Políticas, Planes, Programas y Proyectos de SAN

LA GESTIÓN PÚBLICA DE LA SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL EN CENTROAMÉRICA:  LA ÉTICA DE LA URGENCIA

Existe en la Región de las Américas un fenómeno de polarización epidemiológica-nutricional, en que coexisten grandes grupos de población que sufren hambre y desnutrición y otros que presentan problemas de enfermedades crónicas relacionadas a la dieta.  El primer grupo afecta especialmente a niños menores de cinco años, mujeres en edad fértil y ancianos, quienes, a pesar de ser sujetos de intervenciones en el campo alimentario-nutricional, continúan presentado deficiencias de macro y micronutrientes (entre los más importantes las deficiencias de vitamina A, hierro, ácido fólico, yodo y zinc). 

La desnutrición, además de constituir una tragedia humana, impide el desarrollo económico y social de los países, de acuerdo a la evidencia y experiencia al mejorar el estado alimentario-nutricional de estos grupos se contribuye al cumplimiento de seis de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM). 

El segundo grupo esta constituido por población que ha desarrollado patrones de consumo inadecuado de alimentos y cuyos indicadores de morbilidad y mortalidad por enfermedades crónicas relacionadas a dieta y estilos de vida no saludables son cada vez más preocupantes, lo cual representa un alto costo por concepto de recuperación y años perdidos de vida para la sociedad y los Estados.   En la gráfica se presenta la distribución del problema de malnutrición en sus manifestaciones relacionadas a la desnutrición y al sobrepeso y la obesidad en población pre-escolar. 

Esta situación requiere que Centroamérica se comprometa a desarrollar una agenda regional, políticas, planes, programas y proyectos  a favor de la seguridad alimentaria y nutricional, como la respuesta Regional, nacional y local a los problemas crónicos, agudos y de emergencia que tienen que ver con déficit y exceso.  En un modelo de gestión, que implica un proceso interactivo entre la información, la formación y gestión de políticas y la evaluación de procesos y de los impactos que en la población más vulnerable se logran.

Esta agenda deberá ser ejecutada en forma sostenida por un período no menor de quince años, movilizando recursos provenientes de los países (OG, NGO, Sociedad Civil, sector privado, entre otros) y de la cooperación internacional.  Estos esfuerzos deben por lo menos cumplir con cinco características:

  • Promover sinergias entre las inversiones social y económica
  • Focalización a los territorios, grupos de población según sus necesidades y características de acuerdo al ciclo de vida y a situación socio-económica-ambiental-cultural.
  • Aplicar mecanismos de sostenibilidad financiera, institucional y social, en acciones de por lo menos 20 años.
  • Desarrollar acciones de monitoreo, seguimiento y evaluación tanto de procesos como de impactos
  • Desarrollar acciones basadas en la evidencia.

 

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