Geotermia en parques nacionales.


En la corriente legislativa se encuentra en discusión la posibilidad de autorizar la exploración y explotación de energía geotérmica en parques nacionales (expediente No. 17680, Ley para el aprovechamiento de la energía geotérmica en el Area de Conservación Guanacaste (ACG), No. 17707 para el Area de Conservación Arenal-Tempisque (ACA-T) y el proyecto de Ley Reguladora de la Energía Geotérmica, No. 18182, que incluye pero no se limita a parques nacionales.

En el caso de los proyectos relacionados con el ACG y el ACA-T, con una redacción que podría enfrentar problemas de constitucionalidad, se pretende modificar los límites de los parques nacionales (PN) y traspasar los terrenos al ICE para el aprovechamiento de la geotermia.

No obstante, un mecanismo legal para permitir la geotermia en PN, sin modificar los límites, consistiría en autorizar un nuevo uso: la explotación de esta. En este sentido, actividades distintas a las tres normalmente previstas por la normativa (capacitación, investigación y ecoturismo) se han ido adicionando al elenco de aquellas autorizadas en el Patrimonio Natural del Estado.

Precisamente, uno de estos ejemplos lo constituye la instalación de antenas de telecomunicaciones en estas áreas protegidas, inicialmente reguladas por decretos y prácticas administrativas y ahora contempladas en la Ley de Aresep N.° 7593 en su artículo 79.

El Informe Jurídico Ambiental del Departamento de Servicios Técnicos de la Asamblea Legislativa preparado sobre el proyecto de Ley de Geotermia en el ACG, indica:

“Llamamos la atención sobre lo siguiente: Si el legislador puede desafectar un parque nacional, aun sea que deba hacerlo siguiendo un procedimiento que involucre la realización de estudios ambientales previos, no resulta lógico sostener que el legislador no pueda disponer o autorizar la explotación de un recurso, como la geotermia, dentro de los parques nacionales... La naturaleza no reconoce “islas” creadas artificialmente, y posiblemente tenga menos impacto ambiental exigir las mejores prácticas ambientales, las medidas de mitigación más extremas, todo dentro de un parque nacional, que optar por aislar artificialmente un área, y desafectarla, con lo cual se rompe la unidad biológica natural que exigiría una determinada categoría de manejo”.

Esta opción presenta ventajas y desventajas:

Los terrenos no saldrían del Patrimonio Natural del Estado ni del PN. Los principales antecedentes o ejemplos de casos similares en otros países han utilizado la figura de la autorización o concesión, más que la desafectación de una porción del ASP y su transferencia otra entidad para la ejecución de las labores de generación de energía. Por ende, se mantendrían bajo un control directo de la autoridad ambiental mediante las labores de supervisión propias del uso de terrenos y del ejercicio de actividades de un PN.

En todo caso, es claro que la autorización del uso requiere de plantear consideraciones legales particulares con el fin de dar seguridad jurídica a la operación e inversión en el desarrollo de la geotermia por parte del ICE, considerando también lo relativo a su financiamiento. Es necesario definir con precisión qué tipo de infraestructura podría ser amparada por la autorización y cuáles actividades estarían comprendidas dentro de ella.

Debido a la jurisprudencia constitucional relacionada con la vinculación de la ciencia (denominada “objetivación de la tutela ambiental” ), siempre sería necesaria una justificación técnica que ampare el nuevo uso, especialmente si se considera que el efecto será la generación de energía en un área anteriormente destinada a conservación y otros de menor impacto ambiental.

No obstante, a diferencia del caso de la modificación y segregación, estos estudios deberían demostrar la compatibilidad del potencial uso de la geotermia con los objetivos y condiciones del PN, y posteriormente los estudios puntuales presentados para la solicitud concreta deberán contener las valoraciones del caso sobre el impacto en el sitio y sobre estos se realizarán las correspondientes observaciones y recomendaciones del área de Conservación de previo al otorgamiento de la autorización.

En este supuesto, resulta mucho menos evidente una posible infracción al “principio de no regresión” en materia ambiental si la actividad se realiza bajo estrictos criterios técnicos y ambientales.

El principal reparo, desde la perspectiva estrictamente legal, radicaría en la prohibición de actividades comerciales en PN en virtud del Convenio para la Protección de la Fauna, la Flora y las Bellezas Escénicas de 1940, adoptado mucho antes del surgimiento de la problemática del cambio climático.

No obstante, cualquier interpretación al respecto debería considerar:

a) una lectura evolutiva del derecho internacional, donde la idea de la preservación absoluta de la biodiversidad como mecanismo para su conservación ha dado pie auna visión orientada al uso sostenible, como lo demuestra el Plan de Trabajo sobre Areas Silvestres del Convenio de Biodiversidad –el principal instrumento de orientación en esta materia– y el avance de otros instrumentos como la Convención para el Comercio de Especies de Flora y Fauna Amenazadas por el Comercio (CITES).

b) Se trata de proyectos de generación de energía renovable, de innegable interés público ambiental debido al cambio climático, cuyo ejecutor sería una institución pública.

c) La existencia de precedentes que han representado una interpretación jurisprudencial amplia en ciertos casos, como por ejemplo, las antenas de telecomunicaciones establecidas en parques y la posibilidad de otorgar concesiones para servicios no esenciales según la Ley de Biodiversidad.

d) La autorización actual de actividades como el ecoturismo podría, en algunos supuestos y bajo un criterio estrecho, reputarse como actividades comerciales de bajo impacto.

Finalmente, una normativa general que establezca un nuevo uso evitaría proyectos específicos de modificaciones de límites para cada PN, debido a que se sujetaría de antemano a ciertos controles y condiciones, entre ellas, la compatibilidad con el plan de manejo del ASP, y cada iniciativa y su ubicación serían valoradas por el AC correspondiente al conocer la solicitud de autorización.

Cualquiera sea el mecanismo seleccionado, se requiere de una decisión de política pública importante y de tomar en cuenta con sumo cuidado detalles técnicos y legales.


Boletín Informativo de la Secretaría General del SICA