La deuda pública total de El Salvador cerró 2018 en $18,974.68 millones, impulsada por los compromisos financieros del Gobierno Central y los originados por las pensiones, indican datos oficiales publicados ayer.

Según estadísticas del Ministerio de Hacienda recopiladas por el Banco Central de Reserva (BCR), la deuda pública total aumentó $601.96 millones (3.3 % más) respecto a 2017, cuando reportó un saldo de $18,372.72 millones.

La deuda pública total reú­ne los créditos contratados por el Gobierno Central, sus empresas públicas financieras y no financieras, así como el BCR.

Este cúmulo de montos pendientes de pago representó el 73.44 % del Producto Interno Bruto (PIB, la suma de bienes y servicios producidos dentro del territorio salvadoreño) del país, que para 2018 se estima alcanzó los $25,836.5 millones.

El Gobierno se endeudó más

Los datos del BCR señalan que el Gobierno Central y las pensiones explican el incremento experimentado por la deuda pública total durante 2018.

El monto adeudado por el Gobierno Central ascendió a $12,412.55 millones el año pasado, representando el 65.42 % de la deuda pública total. Estos compromisos superaron en $374.3 millones (3.11 %) a los de 2017.

Durante 2018, el Gobierno Central decidió financiarse más a través de fuentes internas, registrando un saldo de $3,765.49 millones por esta vía, $424.36 millones (12.7%) más que el año anterior.

Solo el saldo adeudado en Letras del Tesoro Público (Letes) llegó a los $816.6 millones, un aumento de $70.77 millones (9.5 % más). Las Letes son instrumentos de corto plazo, cuyo vencimiento oscila entre los 60 y 360 días.

En cambio, la deuda externa del Gobierno Central se redujo en $50.06 millones, llegando a los $8,647.06 millones.

Pensiones mantienen su presión en las finanzas

Las obligaciones previsionales siguen siendo una carga importante para las finanzas públicas y en 2018 representaron casi el 26 % de la deuda pública total.

Los Certificados de Inversión Previsional (CIP) de la serie A son los que se reportan como deuda de pensiones, aunque los CIP de la serie B también lo son.

Los CIP son instrumentos de deuda pública emitidos por el Estado a través del Fideicomiso de Obligaciones Previsionales (FOP). Las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) están obligadas a comprarlos con los ahorros de sus cotizantes.

El Estado utiliza la venta de CIP A para obtener los fondos que le permitan pagar las pensiones del Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS) y las del Instituto Nacional de Empleados Públicos (INPEP). Los CIP B pagan los Certificados de Traspaso (CT) y los Certificados de Traspaso Complementario (CTC) que se entregan a los optados para equiparar sus pensiones a la que otorga el SPP. Los optados son las personas que con la reforma de 1998 tenían la opción de seguir en el sistema público, pero decidieron migrar a una AFP.

Hasta diciembre de 2018, los CIP A reportaron un saldo de $4,921.53 millones, un aumento de $347.92 millones en comparación con el de 2017.

La reforma aprobada en 2017 se acompañó de una reestructuración de la deuda en CIP A y CIP B, que en ese momento superó $5,000 millones, modificando plazos y tasas de interés.

Intereses

La Fundación Salvadoreña para el Desarro­llo Económico y Social (Fusades) estima que el Gobierno pagará a partir de 2019 más de $1,000 millones en los intereses de la deuda, según estimaciones divulgadas a finales de 2018.

Presupuesto

El gasto de intereses previsto para 2019, así como el déficit fiscal, que también alcanzaría los $1,000 millo­nes, supera los $996.34 millones presupuestados para el Ministerio de Educación y los $662.19 millones para salud.

Las razones

Además del incremento en la tasa de interés, Fusades explicó que el alto pago de intereses se debe a la creciente deuda del SPNF. La fundación estimó que, en un escenario pasivo, la deuda cerraría 2018 en $18,586.4 millones.


Boletín Informativo de la Secretaría General del SICA