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La Estrategia de Seguridad de Centroamérica (ESCA) es un esfuerzo inédito en primera instancia por su carácter regional; reconoce que el crimen organizado se ha “transnacionalizado” y que la respuesta debe ser una mezcla de acciones netamente nacionales coordinadas regionalmente, muchas de las cuales terminan siendo implementadas localmente, pero dentro de una óptica regional.
El hecho de que la Comunidad Internacional, países y entidades multilaterales, que han manifestado su apoyo a la ESCA y que ya empiezan a concretarlo, hayan aceptado que el problema de violencia y crimen organizado en Centroamérica, es de responsabilidad compartida y diferenciada; asimismo, el aceptar que la cooperación que ya se va materializando es “adicional” a la que ya se otorga nacionalmente, el “principio de adicionalidad”, son extraordinarios. La ESCA no es un fin en si mismo. El fin, de la ESCA, sigue siendo el mismo que como objetivo fundamental del SICA, orienta todas sus acciones: “la realización de la integración de Centroamérica, para constituirla como Región de Paz, Libertad, Democracia y Desarrollo”, según dice el propio Protocolo de Tegucigalpa, amparo legal del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA).
De allí que la ESCA tenga cuatro componentes -combate al crimen, prevención, rehabilitación, reinserción y gestión penitenciaria, así como el fortalecimiento institucional- y que esté lejos de ser una herramienta represiva. Es en su esencia, una herramienta desarrollista que reconoce sin embargo, la urgencia de “atacar al fuego”, mientras paralelamente se construye.
Una muestra de lo anterior, es un proyecto cuya segunda fase va tomando forma: “Armonización de la Legislación Penal contra el Crimen Organizado en Centroamérica”. Este es un importante proyecto, que se enmarca en por lo menos dos de los componentes mencionados: combate al delito y fortalecimiento institucional. La situación de la legislación penal regional, como es, ofrece oportunidades para la impunidad y dificulta el cumplimiento y la aplicación de la justicia. Se hace necesario armonizar las legislaciones nacionales de los siete Países Miembros del SICA que fundamentan su legislación en el llamado “Código Napoleónico”. El proyecto lo implementan la Secretaría General de la Conferencia de Ministros de Justicia de los Países Iberoamericanos y la Secretaría General del SICA, en asocio con las contrapartes nacionales vinculadas al tema; es apoyado por la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo.
Se ha establecido un consorcio de entidades participantes para la implementación, lo que empieza a tomar forma. Con ese marco y la premisa de la ESCA, de que la ciudadanía debe estar informada de su implementación y disponer de canales de participación, es que se ha constituido un grupo compuesto por los responsables de las comunicaciones de las entidades vinculadas en el proyecto, a fin de agilizar la información a la ciudadanía y público en general, así como, promover la transferencia.
El grupo se reunió por primera vez en la sede de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica el lunes 5 de marzo, en reunión inaugurada por el Presidente de la mencionada Corte, Juez Supremo don Luis Paulino Mora; también se contó con la participación de la Excelentísima Señora Embajadora de España en Costa Rica, Doña Elena Madrazo y la del Fiscal General de Costa Rica, don Jorge Chavarría Guzmán. Fue un encuentro útil y exitoso, con el que se constituyó el grupo comunicador del proyecto y se delinearon líneas estratégicas de acción.
Casa de Centroamérica, Secretaría General del SICA, San Salvador, El Salvador, 09 de marzo de 2012.
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